SIN PIES NI CABEZA. La propuesta del congresista de Renovación Popular no tiene sustento claro y desinforma. (Foto: Congreso)
SIN PIES NI CABEZA. La propuesta del congresista de Renovación Popular no tiene sustento claro y desinforma. (Foto: Congreso)

El presidente de la , Esdras Medina, es uno de los principales promotores de la retrorreforma universitaria. Y para sustentar sus argumentos ante este grupo incluso presentó una exposición “desmintiendo” a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (), que cuestiona firmemente la iniciativa legislativa que ahora está pendiente de segunda votación. Sin embargo, los fundamentos utilizados no serían otra que una campaña de desinformación por parte del congresista de Renovación Popular.

Según la presentación, a la que accedió Perú21, el principal argumento para aprobar el proyecto de ley que traería de vuelta la figura de la Asociación Nacional de Rectores (ANR) es que “la Sunedu y su Consejo Directivo son elegidos y dependen en su totalidad del Gobierno de turno”.

El ejemplo que usó Medina es el del expresidente Francisco Sagasti, quien fue miembro del comité evaluador de la Sunedu. Lo que señaló el parlamentario de Renovación Popular es que, debido a la designación de Sagasti como jefe de Estado, se estaría “comprobando” que el gobierno de turno es quien selecciona a los miembros de la entidad reguladora. Pero no indica que Sagasti fue un miembro evaluador antes de asumir como mandatario.

El parlamentario —apoyado públicamente por Jorge Montoya (también congresista) y Rafael López Aliaga (líder del partido Renovación Popular)— tampoco mencionó en sus argumentos que cinco de los siete miembros del Consejo Directivo de la Sunedu son elegidos mediante concurso público, por lo que tienen que cumplir una serie de requisitos técnicos para poder ocupar sus cargos, además de pasar por comités de evaluación para finalmente ser aprobados. Ese solo es el primer punto.

Desinformación

Otra afirmación que se esfuerzan en “sustentar” es que la ley de reforma universitaria “desactivó el Sineace, que evaluaba la calidad para todos los niveles educativos. Su Consejo Directivo era plural y no dependía del gobierno de turno”.

Este sistema de evaluación nació en 2006 y “fracasó para luego declararse en reorganización; fracasó porque había conflictos de intereses”, explicó a Perú21 Jorge Mori Valenzuela, abogado especialista en políticas públicas de educación y exdirector general de Educación Superior Universitaria.

Y es que los miembros del Sineace que eran parte de los organismos acreditadores pertenecían a universidades e institutos privados y autorregulados, similar a lo que ocurría en la ANR. La propuesta de Medina busca “restituir” esta organización, pero no en un modelo desarrollado, sino con la misma estructura que tenía en 2006. Por otra parte, afirman falsamente que fue “desactivada” cuando, hasta la fecha, sigue en fase de reorganización.

El proyecto que Esdras Medina indica también que es falso que la investigación universitaria se afectará si se aprueba su propuesta; sin embargo, con esta se le quitaría la rectoría al Ministerio de Educación (Minedu). Esta entidad es la encargada de financiar a los cerca de 1,600 docentes universitarios, a quienes se les otorga un bono que equivale a un adicional del 50% de su sueldo como un incentivo para promover la investigación, la cual se ha incrementado en hasta un 173%, según cifras oficiales.

Una de las cosas más insólitas expuestas por el presidente de la Comisión de Educación es lo que dice acerca de un supuesto modelo privatizador que promueve la superintendencia: “Reduce la presencia de universidades públicas y promueve la educación como un servicio público y no como un derecho fundamental. Este modelo incentiva programas como Beca 18 y Vocación Maestro, cuya inversión del Estado se deriva fundamentalmente al sector privado”, aseguró.

La realidad es diferente. La Sunedu denegó la licencia a 46 universidades privadas, así como a dos escuelas de posgrado privadas y a tres escuelas públicas. Si hablamos de universidades estatales sin licencia, en la actualidad solo hay dos que no consiguieron la aprobación de la entidad supervisora. Con el proceso de licenciamiento, a la fecha son 47 universidades públicas licenciadas y 46 privadas.

Al respecto, Jorge Mori aseveró que lo que está haciendo el congresista Medina es crear una campaña de desinformación muy agresiva. “La presión viene de parte de las universidades privadas –no licenciadas– para hacer los cambios que quieren y debilitar a la Sunedu; hay que rechazar de plano todas estas afirmaciones temerarias que no van de acuerdo a lo que está ocurriendo”, recalcó.

TENGA EN CUENTA:

Darwin Espinosa, otro congresista que impulsa la retrorreforma, pidió información a la Sunedu sobre la contratación de diversos servidores y se ampara en la Ley 31419 (de idoneidad de funcionarios), que entró en vigor el 15 de febrero.

Oswaldo Zegarra, superintendente de la Sunedu, anunció que tomará acciones para impugnar la norma cuando esta entre en vigencia.

Patricia Arregui, la vicepresidenta del Consejo Nacional de Educación (CNE), aseguró que en la Comisión de Educación hay claros intereses.

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