Empresas chinas acumulan 497 denuncias en Sunafil y millonarias multas

A mediados de septiembre del 2019, un andamio aplastó a tres operarios de una obra de construcción civil, ocasionándole a uno de ellos traumatismos en el hombro, tórax, pierna y brazos. A raíz del accidente, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) multó con S/33,927 al Consorcio Agua SCM, de capitales chinos y brasileños, por no haber brindado las condiciones de seguridad necesarias en la obra ni haber capacitado a sus trabajadores de manera oportuna. El proyecto de agua potable, que buscaba reducir la incidencia de enfermedades gastrointestinales en la parte alta del distrito de Chorrillos, se encuentra ahora paralizado. Sin embargo, este no es el único proyecto estancado que está a cargo de una empresa china infractora.

Hace menos de tres meses, la construcción del puente Viru Viru en Huancavelica también se vio interrumpida. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) decidió inhabilitar a la empresa China Railway N.°10 Engineering Group (CREC 10) para contratar con el Estado hasta 2024, por haber subcontratado a otro contratista para ejecutar todos los componentes de la obra.

MIRA: Sedapal cancela convenios con Unops “por falta de transparencia”

De acuerdo a la información entregada por Sunafil a Perú21, diecisiete constructoras chinas han sido denunciadas 497 veces por sus trabajadores en los últimos años. La gran mayoría de los incumplimientos están relacionados con el pago de remuneraciones y bonificaciones, así como denuncias por no respetar los horarios de trabajo o no ingresar a sus trabajadores en las planillas electrónicas. Es decir, no respetaron la ley peruana y vulneraron los derechos de sus empleados.

Curiosamente, CREC 10, hoy impedida de contratar con una entidad pública, es la empresa que ha acumulado más denuncias en Lima Metropolitana desde 2017, siendo 2022 su peor año, con 73 reclamos formales.

En conversación con este diario, John Pillaca, uno de los 33 operarios afectados por la compañía mencionada, confesó que la constructora aún no le paga 39 días de trabajo.

Pillaca contó que siempre hubo problemas con los pagos. Inicialmente, fue contratado por una empresa que alquilaba maquinarias, luego por G & Z Inversiones Elecon SAC, quien a su vez era contratista de China Railway N.° 10.

“Señorita, una consulta, ¿llegarán a pagarnos”?, preguntó Pillaca días después de que Perú21 lo contactara.

Si bien la empresa china no contrató directamente a los trabajadores, el expediente sancionador de Sunafil señala que eso no la exime de responsabilidad sobre las conductas infractoras en su contra. Entre ellas, no pagarles íntegramente a sus trabajadores la remuneración mensual o registrarlos en la planilla electrónica.

La denuncia le costó a China Railway N.°10 una multa de S/368,461, dinero que iba a las arcas de Sunafil, pero no a los bolsillos de los operarios. O al menos así lo fue hasta el año pasado, ya que a partir de este año, según el decreto supremo N.° 043-2022-EF, todas las multas recaudadas por la entidad deben ser transferidas al tesoro público del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Tengo conocimiento de que la empresa (CREC 10) se estaba poniendo al día con los impagos laborales y las multas a Sunafil”, sostuvo Manuel Mendizabal, asesor legal de proyectos para CREC 10. No obstante, dijo que no podía asegurar nada con certeza, pues el tema no estaba dentro de su competencia.

MULTAS SIN CAMBIOS

Sunafil ha multado a las constructoras chinas, en primera y segunda instancia, con más de S/3′754,000. Sin embargo, esto no significa que las empresas hayan cambiado su conducta infractora o que hayan saldado sus deudas con sus extrabajadores o proveedores.

Entonces, ¿cómo Sunafil verifica que las empresas cumplan con las demandas exigidas por los trabajadores en sus denuncias?

“Al advertir que un empleador reincide en el incumplimiento de una determinada normativa laboral, Sunafil, dentro de sus competencias, está facultada para incrementar la multa que correspondería imponer hasta en un 100%”, indicó Sunafil a Perú21.

El abogado laboralista German Lora le explicó a este medio que las multas no necesariamente van a resultar en un cambio de política dentro de la empresa, o un cambio de actitud del empleador. Por el contrario, la compañía puede aceptar la multa, y continuar incumpliendo las normativas laborales.

“El aparato administrativo de una empresa, que tiene muchas denuncias en Sunafil, tiene que avocar gran parte de su tiempo en resolverlas. Eso definitivamente afecta la productividad y la calidad de trabajo del trabajador”, dijo Lora.

La lista de empresas con más denuncias y multas en Sunafil es encabezada por CREC 10, constructora que ha acumulado en la Intendencia de Lima Metropolitana 118 denuncias desde 2017, y más de S/600,000 en multas. La segunda en el ranking es la compañía china Sinohydro y su Consorcio Agua SCM, con 37 denuncias, y más de S/196,000 en multas.

Jaime Cuzquén, abogado laboralista de EY, sostuvo que, si bien la mayoría de las denuncias se originan por incumplimientos laborales, el rol de los sindicatos es otro factor a considerar, pues son robustas organizaciones presentando denuncias en Sunafil, o negociando colectivamente.

Prueba de ello, es una multa de S/42,525 contra el Consorcio Agua SCM por haber disuelto un comité de obra afiliado al Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios (STCCLB), que a su vez se encuentra afiliado a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP).

Por su parte, Sinohydro sostuvo que como consorcio no tienen la potestad de disolver un comité de obra. Asimismo, agregó que las denuncias en Sunafil había sido absueltas. “Debemos precisar que existen denuncias con carácter difamatorio (...) La mayoría de las denuncias resultan ser casos que son promovidos por trabajadores de terceros que involucran a Sinohydro equivocadamente”, anotó.

El secretario de organización de la FTCCP, Geremías Escalante, señaló a este diario que en la práctica Sunafil solo tiene un “carácter concertador” pero no resolutivo para los operarios. “Al final es una ficha poner multas a los empresarios. Estas multas no benefician el salario de los trabajadores (…) El trabajador se queda siempre en el aire”, manifestó Escalante.

El poco respeto a los derechos laborales de los trabajadores —considerados el último eslabón de la cadena en un proyecto a pesar de ser parte fundamental— alimenta no solo la informalidad en el sector, sino también revela el perfil infractor y moroso de empresas que están a cargo de la construcción de obras civiles emblemáticas para el país.

TENGA EN CUENTA

-Geremías Escalante, secretario de la FTCCP, precisó que hay 900,000 obreros en todos los proyectos de construcción civil, pero que solo 300,000 han vuelto a trabajar después de la pandemia.

-Solo 120,000 obreros ganan lo establecido en el régimen de construcción civil, señaló Escalante.

VIDEO RECOMENDADO