Majes Siguas II requiere de acciones urgentes

La resolución del contrato de Majes Siguas II tendría consecuencias nefastas para Arequipa y otras regiones del sur. Esto se debe a que afectaría a un proyecto que, según destaca la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), puede generar 96 mil empleos y cuyo impacto económico en su etapa de inversión alcanzaría el 2.9% del PBI de la mencionada región.

No obstante, esta crítica situación aún podría ser solucionada si recibe atención, afirmó la presidenta de AFIN, Leonie Roca. “Tremendo proyecto, con impactos tan relevantes, paralizado. Aún se puede destrabar, pero requiere acción urgente”, dijo Roca a través de su cuenta de Twitter. En ese sentido, el gremio invocó al Estado peruano “a resolver de inmediato la problemática que afecta a este contrato de concesión” y todos los que están “trabajados o que no son concursados”.

El pronunciamiento se produjo luego de que hace unos días la concesionaria Angostura Siguas, del Grupo Cobra, envió una carta al Ministerio de Economía (MEF) y al Gobierno Regional de Arequipa en la que anuncia que se iniciará el proceso de resolución del contrato porque hasta la fecha no se aprobó la Adenda 13, la cual incluye actualizaciones en el proyecto y que tiene el visto favorable del MEF desde julio de 2021, pero requiere la aprobación del Consejo Regional de Arequipa.

El proyecto podría destrabarse si el Consejo aprobara la adenda antes de que finalice la resolución del contrato. No obstante, Fernando Cillóniz, experto en temas agrarios, consideró que ello podría ser insuficiente porque hay otros factores como la actual postura antiinversión del gobierno de Pedro Castillo.

Asimismo, afirmó que “han hartado al concesionario, lo han maltratado hasta más no poder, lo que demuestra ineptitud total y corrupción”.

“El Perú no ha cumplido y si van al Ciadi (Centro Internacional de Diferencias relativas a Inversiones), no le van a dar la razón al país y se va a perder mucho dinero”, añadió.

Dato

La Adenda 13 plantea un cambio tecnológico que significaría US$104 millones adicionales a los US$550 millones que inicialmente demanda la obra de irrigación.