Los verdaderos problemas de la agricultura peruana

La verdad sobre la Ley de Promoción Agraria. Con ella las exportaciones agropecuarias pasaron de US$620 millones en 2000 a US$7,095 millones en 2019: un crecimiento al año de 15%, según cifras de la misma Sunat. ¿Qué significa esto? Que gracias a esa inversión y exportación de productos, se crearon más de 800,000 empleos formales, lo que permitió que los niveles de pobreza en las personas que se dedican al agro pasen de un 82.6% en 2000 a un 34% en 2019. Así de claro. Esta reducción es superior a la reducción de la pobreza nacional, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2019.

Ahora, la ley agraria no fue renovada sin cambios. Que no te mientan. En la ampliación de la ley agraria hasta 2031 se incluyeron mejoras salariales, beneficios sociales y un mayor aporte a Essalud. Se incrementó el pago diario del trabajador, de 36.29 soles a 39.19 soles, ajustado al sueldo mínimo vigente en el país. A partir de 2021, la CTS tendrá un valor de 9.72% del sueldo y las gratificaciones serán equivalentes al 16.66%. Se reconocen formalmente 30 días de vacaciones.

Entonces, el problema no está –como casi siempre– ni en la ley ni en las empresas formales, sino en la informalidad de las empresas más pequeñas y en la dificultad de formalizar un sector que funciona con estaciones, jornales, tareas que no son constantes ni estables durante el año. Pedir formalizaciones absolutas sería irracional e intentar repartir o redistribuir la tierra nuevamente ya sabemos en qué termina. La aventura de Velasco lo único que hizo fue empobrecer más a los campesinos y hacer que la tierra sea más informal y menos valiosa.

Parece increíble, finalmente, que la Presidencia del Consejo de Ministros no quiera incluir a los empresarios en la mesa de diálogo que ha organizado. ¿Los empresarios, los que invierten, dan trabajo y pagan impuestos, no tienen un lugar en la mesa en la que se resolverán los problemas pendientes?

Sueldos en el Estado son más altos que en la empresa privada

Aprobado el presupuesto del Estado para el año 2021, los contribuyentes nos preguntamos en qué deberían invertirse nuestros impuestos. Así, según cálculos de la Asociación de Contribuyentes, para poder pagar bonos y subvenciones debido a la crisis causada por el COVID-19, el Estado no redujo su gasto de planilla o burocracia, sino su presupuesto para obras de infraestructura, equipamiento e inversión pública.

Además, sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares, la Asociación de Contribuyentes halló que los sueldos de un funcionario del Estado son en promedio casi un 20% más elevados (cifras hasta 2019) que el privado. ¿Se puede gastar más en la planilla del Estado cuando el sector que produce la riqueza y paga impuestos se empobrece y pierde dinero? Dejamos por aquí la pregunta pero la respuesta no es un misterio.

Y los congresistas siguen malgastando nuestro dinero

El Congreso solo pudo “meter” 142 proyectos de inversión en el presupuesto público de 2021, y no los 264 proyectos que pretendía incluir Humberto Acuña, el titular presidente de la Comisión de Presupuesto.

El MEF había alertado que esos 264 proyectos implicaban un costo extra de más de S/1,500 millones, y que la mitad de esos proyectos no tenía sustento técnico. Además, el departamento con mayor número de proyectos era Lambayeque, región de Humberto Acuña. ¿Solo una coincidencia?