Francisco Ísmodes: “Inversión llegará a US$21 mil millones”

El Ejecutivo continúa intentando zanjar el conflicto de Las Bambas en Apurímac; a la vez, evalúa los pedidos del gobernador de Puno, Walter Aduviri, y del propio gobierno de Evo Morales, respecto a la industria gasífera. Y aunque proyectos importantes como Conga (Cajamarca), Tía María (Arequipa) y Río Blanco (Piura) siguen en suspenso, el titular de Energía y Minas (Minem) proyecta altas inversiones en su cartera. 

¿Qué proyectos están encaminados para 2021?
Tenemos tres proyectos que empezaron en 2018 como Mina Justa (Ica), la ampliación de Toromocho (Junín), Quellaveco (Moquegua); también tenemos el proyecto de Zafranal (Arequipa) y Los Chancas (Apurímac). En el Minem hay una cartera de proyectos por US$14 mil millones comprometidos desde el año pasado. Ahora ya hemos llegado a los US$11 mil millones y nos hemos puesto una meta de llegar a los US$21 mil millones. 

Walter Aduviri insiste en la iniciativa del gobierno boliviano para construir un gasoducto y vender gas al altiplano peruano. Todo financiado por Bolivia. ¿Esto es viable?
Si traer gas de Bolivia genera mayor bienestar del que podemos alcanzar con el gas de Camisea (Cusco), priorizaremos el bienestar. Cualquier proyecto de esa naturaleza tiene que pasar por el gobierno nacional. Por eso es que estamos en estas conversaciones con Bolivia. Hay que entender cuál es el beneficio que se genera a favor de los puneños, cómo este proyecto complementa al otro de Siete Regiones. 

¿Si Perú tiene tantas reservas de gas, por qué se evalúa comprarlo a otro país?
Llevar el gas desde Camisea puede ser más costoso, es lo que tenemos que evaluar: qué es más económico. Por otro lado, nosotros estamos desarrollando el proyecto Siete Regiones, que es un proyecto de masificación de gas en el sur. Pero los ductos no llegan a las zonas donde el gobernador Aduviri quiere, que son las que están más hacia la frontera con Bolivia. Nosotros no creemos que sea algo negativo contar con el suministro de gas boliviano. 

¿Cómo van las negociaciones con el gobierno de Evo Morales para exportar su gas a través de Moquegua?
Bolivia ha planteado la posibilidad de construir un ducto que llegue a Ilo para exportar gas y también se ha hablado de un poliducto y un almacenamiento de combustibles líquidos, pero son proyectos que aún están en revisión. No nos han hecho una propuesta formal, pero es de interés de Bolivia desarrollar estos proyectos. 

¿En qué etapa está el proyecto de masificación de gas Siete Regiones?
Se va a licitar en la segunda parte de este año 2019. 

¿Un gasoducto boliviano no afectaría ese proyecto?
No, en primer lugar, porque lo que está proponiendo Bolivia es exportar su gas a través de Ilo, no es que esté trayendo el gas a Perú. Segundo, el proyecto Siete Regiones es de ductos, una infraestructura, a través de la cual se va a vender gas; en principio, está pensado el de Camisea. El gas que podría venir de Bolivia es una idea que tuvo el gobernador Aduviri, pero no hay ningún proyecto concreto. 

¿Hay avances de la masificación de gas en Tumbes y Piura?
En Tumbes se va a firmar el contrato en las próximas semanas. En Piura, el año pasado había una acción judicial que impedía que se avance, pero ha sido revocada. Ahora, estamos revisando el contrato. 

Hasta marzo, la Defensoría del Pueblo registró 97 conflictos sociales relacionados a su sector. ¿Por qué hay tan alto nivel de conflictividad?
Parte de esa conflictividad se explica por la expectativa que se genera en las poblaciones por recibir beneficios, proyectos o programas sociales, que muchas veces no se implementan y ahí es donde debemos tener un foco de atención. Además, si avanzamos en proyectos de cierre de brechas, mejor educación, salud, es probable que esa conflictividad vaya disminuyendo. También, el gobierno debe cumplir el rol de velar porque las empresas cumplan con sus obligaciones y compromisos. 

¿Qué deben hacer el Estado, la empresa y comunidades para evitar pérdidas millonarias por conflictos?
Quiero precisar que los conflictos que se han generado en Las Bambas no son de ahora, son de años atrás, cuando empezó la empresa a operar. Esa es la parte donde el Gobierno debe adelantarse para poder impulsar un mejor espacio de información, recoger preocupaciones y también ver que estos problemas, que pueden originar conflictos, sean resueltos de manera oportuna. Lo que ocurre es que se ha perdido la confianza, no hay credibilidad. Con una mayor presencia del Estado que exija a las empresas cumplir sus responsabilidades, podemos ganar esa confianza nuevamente y encausar vías de diálogo. 

¿Conga se destrabará?
La empresa no ha tomado ninguna iniciativa alrededor de ese proyecto, Yanacocha está viendo otros proyectos, como el de Quecher Main. 

¿Cuál es la situación del proyecto Río Blanco?
La empresa está haciendo un trabajo con la comunidad que es opositora al proyecto, pero hemos visto que todavía no hay un avance concreto. 

¿Qué se les puede decir a los inversionistas que quieren entrar a Perú?
Estamos trabajando en la mejora de nuestra legislación para hacerla más ágil sin reducir estándares ambientales. Mejoramos en la encuesta Fraser del puesto 19 al puesto 14 en 2018 y la meta para el 2021 es estar en el top ten.