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Redacción PERÚ21

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El reinicio de operaciones de requiere, de inmediato, US$200 millones, dijo Guillermo Puelles, asesor legal de Cormín, empresa acreedora de la mencionada refinería.

Manifestó que la decisión de reestructuración debió recaer en personas independientes que validen cifras y cumplimientos ambientales. "La gestión actual no da ninguna confianza", anotó.