Aerolínea estatal: expertos estiman que solo tres aviones le costarían al Perú US$ 300 millones

En medio de la crisis de la industria aerocomercial por la pandemia, la Comisión de Transportes del Congreso aprobó el proyecto de ley No 6153/2020-CR, el cual propone declarar de interés nacional la creación de una aerolínea nacional. Ahora pasará al Pleno para ratificar su aprobación o archivamiento.

Según indica el documento, la aerolínea nacional tendría un capital inicial de U$S 75 millones, repartidos en 75 acciones de US$ 1 millón, las cuales serían suscritas y pagadas por las 25 regiones del país a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Al respecto, Pierino Stucchi, socio del estudio Muñiz, indicó que esta iniciativa es inconveniente e inconstitucional debido a que se pone en riesgo el presupuesto del Estado.

MIRA: BVL opera con indicadores mixtos pese a avances de acciones mineras y financieras

“Es inconveniente porque cualquier recurso público que se deriva de los impuestos de los ciudadanos y las empresas en este momento de crisis de pandemia no debe dirigirse en aventuras empresariales que ya han fracasado en el país y en el mundo. Además, es inconstitucional porque la actividad empresarial del Estado está reservada para situaciones excepcionales”, sostuvo.

En este sentido, Stucchi expresó que los esfuerzos económicos presupuestales del país deben estar enfocados en luchar contra la pandemia, seguridad y educación.

El abogado indicó que un segundo punto que se plantea para sacar esta aerolínea nacional es que debe ser una actividad subsidiaria, pero eso no se refleja en el país.

“Eso significa en caso no haya empresas suficientes para atender las necesidades de transporte aéreo en el Perú. Pero por el contrario, lo que hemos visto es el resurgimiento de la competencia con Sky, Latam, Viva Air Perú, entre otros. Entonces la necesidad de participar empresarialmente está descartada por completo”, detalló.

MIRA: Bono 600 soles: cuándo pagarán el nuevo subsidio por cuarentena

NO SERÁ COMPETITIVO

Por su parte, Miguel Mena, socio del área de Derecho Aeronáutico CMS Grau, declaró que el Estado Peruano para constituir este proyecto de ley va a necesitar, por lo menos, tres aeronaves que le costarían en total US$ 300 millones.

“Ese dinero equivale para realizar varios hospitales que se necesitan ahora por el COVID-19. Definitivamente, pone en riesgo las arcas del Estado porque los fondos van a salir de todos los contribuyentes”, manifestó.

Recordó que ya hemos tenido aerolíneas peruanas que fracasaron, como es el caso de AeroPerú, TANS y Faucett.

Mena también señaló que lo menos competitivo en una economía de mercado es una empresa estatal en un sector como el aerocomercial en el cual la rentabilidad es mínima.

MIRA: Cinco claves para que restaurantes logren un delivery exitoso y seguro durante la nueva cuarentena

Sostuvo que el mercado aéreo comercial se encuentra cubierto casi en su totalidad por las aerolíneas existentes, habiendo crecido en los últimos diez años en más de 100% y proyectándose a seguir creciendo progresivamente, todo ello bajo una economía de libre mercado y libre competencia, lo cual beneficia directamente al consumidor nacional y al turista extranjero.

“Las aerolíneas privadas adecúan sus precios de acuerdo a la ley de oferta y demanda, y eso no podrá hacer el Estado”, acotó el especialista.

GREMIOS SE PRONUNCIAN

En tanto, diversos gremios del sector privado se mostraron en contra del proyecto de ley aprobado por la Comisión de Transportes del Congreso de la República con el que se impulsaría la creación de una aerolínea nacional.

“Este proyecto se propone en medio de una emergencia sanitaria, en donde el país exige que todos los fondos sean utilizados para superar la crisis generada por el COVID-19″, dijeron en un comunicado conjunto la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Asociación Peruana de Empresas Aéreas (APEA), entre otros.

“Esta propuesta, además de ahuyentar la inversión privada y generar sobrecostos (...) es anticompetitiva e inconstitucional desde el punto de vista técnico legal, por lo tanto, la rechazamos en conjunto”, refirieron.