La Policía y la Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de la Diviac, asestaron un duro golpe a una de las mafias que se dedicaba a robar armas a gran escala. Un arsenal que se vendía al menudeo en el bajo mundo local, pero también en el extranjero.

Desde antes de la asonada criminal contra el gobierno de Ecuador en enero último –con toma de canal de televisión y todo– se sabía que en el vecino país del norte se encontraban los clientes estrella. El grueso del armamento decomisado por las autoridades en esa oportunidad provenía del Perú.

Y cómo no, fueron balas salidas de esas armas las que acabaron también con la vida de un candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio. Se supo entonces que en los confines fronterizos de Tumbes y Piura existen más de cincuenta pasos ilegales por los que cruzan mercaderías de todo tipo, pero principalmente municiones, explosivos y armas de fuego.

Así de grave es la situación. Una coladera.

Los operativos son, de hecho, importantes, pero no erradicarán el problema de fondo, porque a las bandas capturadas les sucederán otras. El negocio es demasiado suculento como para que ese mercado delictivo quede desabastecido por mucho tiempo. La regla es sencilla: si la demanda es alta y consistente, pues la oferta se multiplica. El desafío de las fuerzas de seguridad es cómo bloquear semejante flujo.

El modus operandi expuesto por la Fiscalía tiene como nudo gordiano a la Sucamec, que permite que sus protocolos y normas para expedir licencias sean fácilmente burladas por los malhechores. Para ello recurren a los denominados ‘presta nombres’, sujetos sin condición económica que piden licencia para comprar cientos de armas y que luego –para eludir a la justicia– denuncian que se las han robado. Un curso que por lo general sirve de coartada al hecho de que han sido derivadas a la venta ilegal.

La ineficiencia en la desactivación de este peligroso circuito recae en las autoridades del ministerio del Interior, ciertamente. Sin embargo, las mafias en las Fuerzas Armadas y Policiales, de las que provienen muchos de estos insumos letales, también deberían ser rastreadas y desmontadas.

Las capturas son loables, y salen muy bien en las fotos, pero insistimos: es una equipada unidad de inteligencia policial lo que se necesita para combatir eficientemente las lacras del crimen organizado que continúa atenazando al Perú.

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