Minería ilegal: Gremios cuestionan derogación que luchaba contra la criminalidad

Diversos gremios empresariales enviaron un comunicado expresando su rechazo a la decisión del Congreso de derogar el decreto legislativo 1607 que contemplaba medidas para frenar el avance del crimen organizado asociado a la minería ilegal en el país.

“Lamentamos que la medida adoptada por el Parlamento represente un retroceso en la lucha contra la que es hoy la primera economía criminal en el Perú, que es la minería ilegal, superando al narcotráfico”, expresaron la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ComexPerú, la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP), y la Confederación de Empresas Comunes.

Expresaron que la decisión del Legislativo limita el accionar de la Policía Nacional del Perú de controlar el tráfico de explosivos que la minería ilegal usa.

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En ese contexto, expresaron que, al eliminarse esta disposición, se prolonga el incentivo para realizar invasiones de terrenos que están concesionados a terceros por el Estado peruano, creando un clima de inestabilidad jurídica que desincentiva las inversiones. Esto debido a que se elimina el plazo perentorio de 90 días que se dio para que los informales presenten los acuerdos suscritos con las concesiones mineras que han invadido.

Los gremios empresariales, manifestaron que es necesario revisar y fortalecer el proceso de formalización de la pequeña minería, pero para ello se debe separar “la paja del trigo”. “Una cosa es minería a pequeña escala o artesanal -sea formal o informal- y otra es la minería ilegal, que es criminal y actúa de la mano con otras organizaciones delictivas”, precisaron.

De otro lado, alertaron que el gran problema es que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), como está estructurado, sirve para encubrir la libre operación de los mineros ilegales, usando explosivos y armas de guerra, violando los derechos humanos, devastando los ecosistemas y robándole importantes recursos económicos al país.

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