Por: Fritz Du BoisFinalmente, Humala se despertó ante el enorme costo que podría representar dejar que los extremistas sigan agitando sin que el Gobierno plantee alternativas de solución o tome acción.
Así tenemos que le han dejado ganar terreno a la coalición antiminera, que está tan organizada que hasta tiene un manual de cómo atacar y obstaculizar. Incluso, ponen como éxito a Tambogrande, donde corrieron ala empresa formal, pero hoy ese valle está sufriendo por la contaminación y la delincuencia que siempre deja como estela la minería informal, sin aportar impuestos u otro beneficio a la comunidad. Es evidente que, en la coalición, lo que persiguen es impedir la inversión –incluso, su objetivo fundamental es un Perú estancado sin crecimiento–, no el buscar bienestar para la población.
Por ello, es una excelente noticia que el Gobierno presente propuestas como el fondo de contingencia o el pedido de facultades para legislar y ordenar la minería informal. Sin embargo, creo que deberían ir un paso más allá y considerar la distribución directa de una porción del canon a los habitantes de la localidad.
Al final de cuentas, los pobladores en zonas con fuerte presencia minera no reciben un beneficio adecuado de esa actividad por la incapacidad de las burocracias regionales y locales en ejecutar proyectos de inversión o cualquier gasto presupuestal. Más aún, estamos hablando de algunos de los distritos más pobres del país que, sin embargo, tienen miles de millones del canon depositados en el Banco de la Nación totalmente desaprovechados. ¿Qué culpa tienen de la ineficiencia del Estado? Por ello, el que reciban una transferencia financiera parece válido.
En todo caso, lo que importa es que el problema sea enfrentado. Es perfectamente factible lograr una minería que contribuya sin contaminación y el asegurar que el poblador cercano sea el más beneficiado.
