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Redacción PERÚ21

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Fritz Du Bois,La opinión del directordirector@peru21.com

Sin embargo, este incidente no debe ser dejado de lado no bien reparen las habitaciones o les instalen baños. Más bien nos debería llevar a cuestionar el motivo por el cual los contribuyentes les pagamos costosos guardaespaldas a los funcionarios.

Más aún, en momentos en los cuales el 85 por ciento de la población vive atemorizada debido a la incapacidad del Estado para brindar protección, es un escándalo que más de 3 mil policías estén desperdiciados en la seguridad de 'dignatarios'.

En realidad, la obligación es darle protección, en reciprocidad, a las embajadas y misiones del exterior. Mientras, en lo nacional, solo deberían de tener escoltas los presidentes de los poderes del Estado. El resto, incluyendo ministros, congresistas y otros parroquianos, deberían financiar de su presupuesto cualquier seguridad que requieran si es que se sienten amenazados.

Incluso considerando que Sendero esta aún limitado al VRAEM, uno se pregunta ¿quiénes pondrían en riesgo a los parlamentarios? Capaz serán sus acreedores o su electorado decepcionado, pero en ningún caso hay una justificación para que la cuenta la tengan que cubrir de los impuestos que pagamos los peruanos.

Igual razonamiento se aplica para el Ejecutivo, desde el premier hasta el último funcionario a quien le pueda gustar tener seguridad para sentirse resguardado o porque lo mandan a hacer encargos, o porque simplemente le gusta el símbolo burocrático de estatus.

Al final, es innegable que con la derrota del terrorismo se acabó la amenaza que pendía sobre los que integraban el Estado. Por ello, desde hace años se debió retornar a la normalidad con funcionarios y parlamentarios desplazándose como cualquier ciudadano, liberando así a miles de policías para que patrullen nuestros vecindarios.