Guido Lombardi,Opina.21glombardi@peru21.com
Ese ataque demuestra –como si no fueran suficientes las 18 muertes que ya han ocasionado en la zona– que la captura de los líderes de la subversión en la última década del siglo pasado no supuso el fin del fenómeno terrorista en nuestro país.
Como ha señalado el general Otto Guibovich, existe grave responsabilidad del Consorcio Camisea, que solicitó la desmilitarización de la zona luego del secuestro de 36 de sus trabajadores. Pero más grave aún resulta la responsabilidad del Gobierno, que accedió a tal requerimiento.
No se trata, sin embargo, de buscar responsables, y menos de aprovechar políticamente la penosa circunstancia, sobre todo si tenemos en cuenta que está en riesgo el abastecimiento energético del país.
Es la ocasión, como sucedió después del atentado de la calle Tarata, de mostrar la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas frente al objetivo común de derrotar al terrorismo reorganizado.
Quienes piensan que la solución es estrictamente militar están equivocados y repiten la falta de visión de los años 80. Tampoco puede pensarse que resolveremos el grave problema por la vía legislativa y, por esa razón, es preocupante la afirmación del presidente de la República hecha el lunes pasado.
Consolidar la pacificación del país supone luchar políticamente contra las huestes de los Quispe Palomino. Estamos frente a un desafío político y social, más que militar o legislativo, y el primero que debería comprenderlo es el presidente Humala.
Tiene razón la congresista Marisol Pérez Tello cuando sostiene que al terrorismo no se le combate con una ley, sino desde diferentes perspectivas.
