Hasta con 15 años de prisión efectiva se condenará a quien ingrese un arma o un celular a cualquier cárcel del país, según un proyecto aprobado en el Congreso.
"Hay diversas sanciones para los que visiten a sus familiares y lleven armas o teléfonos, pero si quien mete uno de esos elementos es policía o trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la pena será de 10 a 15 años de prisión", indicó el legislador Agustín Molina (Gana Perú).