A SUS CASAS. Hasta el último, legisladores suspendidos quisieron evitar la sanción disciplinaria. (Alberto Orbegoso)
A SUS CASAS. Hasta el último, legisladores suspendidos quisieron evitar la sanción disciplinaria. (Alberto Orbegoso)

El Pleno ratificó anoche la decisión de suspender a los congresistas Emiliano Apaza (GP), Alejandro Yovera (AP- Frente Amplio) y Federico Pariona (Fuerza 2011) por 120 días de legislatura, luego de que las reconsideraciones presentadas por estos no alcanzaran los 66 votos que requerían para evitar la sanción.

La Mesa Directiva esperó hasta el último momento de la sesión plenaria para poner en debate la votación de estos pedidos de reconsideración.

El primer caso que se vio fue el del nacionalista Emiliano Apaza, quien tiene una condena judicial vigente y consentida. A él solo le faltó un voto para librarse de la suspensión.

Este pedido de Apaza fue defendido no solo por él sino por los parlamentarios Heriberto Benítez y Celia Anicama. Correspondió al legislador de Solidaridad Nacional Michael Urtecho dar el voto que inclinó la balanza en su contra.

Pese a que su bancada respaldó la reconsideración, Urtecho, miembro de la Comisión de Ética, no le dio el voto que requería. Minutos después se puso a debate los pedidos de Yovera y de Pariona, denunciados también por mentir en sus hojas de vida. Tampoco alcanzaron los votos.

De otro lado, por falta de quórum se frustró ayer la tramitación del pedido de la Corte Suprema de Justicia para que se levante la inmunidad parlamentaria del legislador oficialista Amado Romero, conocido como 'Comeoro', a fin de que pueda ser juzgado por delitos ambientales.

La Comisión Especial de Levantamiento de Inmunidad del Congreso convocó para ayer, a las 4 de la tarde, a sus cinco integrantes. A la hora señalada estaban presentes su titular, Santiago Gastañadui, y Yehude Simon.

No acudieron a la cita Alejandro Aguinaga (F2011), Willian Monterola (PP) y Cristobal Llatas (GP).

TERRORISMOPor otra parte, el Pleno aprobó, en primera votación, el proyecto que incorpora el delito de financiamiento del terrorismo, que establece penas de hasta 35 años de cárcel a quien ofrezca u otorgue recompensas por actos de terrorismo, si el financista es un funcionario público.

La propuesta del parlamentario Octavio Salazar plantea que el agente que por cualquier medio, directa o indirectamente, dentro o fuera del territorio, voluntariamente provea, aporte o recolecte fondos para fines terroristas, será reprimido con una pena no menor de 20 ni mayor de 25 años de cárcel.

La iniciativa fue aprobada por 102 votos y dos abstenciones.

DATOS

- *Se salvó Wilder Rui*z. La bancada nacionalista y sus aliados blindaron a Ruiz. La reconsideración fue presentada bajo el argumento de que sí tenía la voluntad de hacerse pasar como economista, pese a no tener el título.

- El congresista Humberto Lay, presidente de la Comisión de Ética, le dijo a Emiliano Apaza: "Lamentablemente, le espera el desafuero".

- No se vio reconsideración del legislador Walter Acha.