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El juez argentino Norberto Oyarbide ordenó la detención y extradición –provisoria y preventiva– del expresidente de facto Francisco Morales Bermúdez por el secuestro de 13 opositores a su gobierno, que fueron enviados a Argentina en el marco del 'Plan Cóndor'.
La medida judicial es el resultado de la denuncia que hiciera el entonces dirigente izquierdista Ricardo Napurí, quien en 1978 fue acusado de terrorista y deportado a una base contrasubversiva argentina de Jujuy junto con el ahora parlamentario, aliado del gobierno, Javier Diez Canseco y otros políticos.
JUSTIFICA EXPULSIÓNTras conocer la decisión del magistrado argentino, el ex dictador Morales Bermúdez señaló que al igual que la justicia italiana, se quiere enmarcar al Perú y al gobierno que presidió (1975-1980), "con el famoso 'Plan Cóndor'".
Insistió que el país nunca entró a ese plan porque "el gobierno militar estaba en un proceso de transición democrática". Incluso, justificó la detención de los 13 dirigentes porque –según él– estaban obstruyendo dicha transición.
Mencionó que, incluso, algunos de los políticos deportados retornaron al Perú y participaron en la elección de la Asamblea Constituyente, de la que formaron parte.
Al respecto, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, advirtió que "si (el exmandatario) ha estado vinculado tendrá que ser procesado como cualquiera que ha cometido un delito. Es un delito de lesa humanidad, no prescribe". Sin embargo, cuestionó que se le quiera extraditar a los 90 años "Eso sí ya me parece descabellado", anotó.
En tanto, el ministro de Justicia, Juan Jiménez, señaló que el caso de la extradición es todo un proceso que incluye su paso por el Poder Judicial y una decisión política.
SABÍA QUE
- Medios argentinos informaron que la justicia ya formuló el pedido a su Cancillería y solicitó apoyo a la Interpol.
- Una posible extradición del expresidente deberá ser vista, primero, por el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ejecutivo.
- Cuando está en el Poder Judicial, la Corte Suprema oficia al Ejecutivo, a través del comité de extradiciones, y se emite un informe que es elevado al Consejo de Ministros.
