Dice un refrán que somos dueños de nuestros secretos y esclavos de nuestras palabras. Durante su interpelación en el Parlamento, la ministra de Educación, Patricia Salas, corroboró que hay tanto de cierto en ese dicho como en sus declaraciones del 4 de agosto, cuando justificó la participación del Sutep en el proceso de evaluación a los docentes. Un arranque de sinceridad que le sigue pasando la factura.
Aquella vez, casi inmediatamente, sus colegas del gabinete, incluido el premier Juan Jiménez Mayor, la desmintieron, la dejaron sola. Tan sola como el jueves, día en que –en contraste con lo que ocurría en el gobierno anterior, cuando otros ministros hacían acto de presencia acompañando al interpelado– acudió al Congreso sin otra compañía que la de sus asesores. Ni siquiera la vicepresidenta Marisol Espinoza, casi infaltable a las sesiones congresales, se hizo presente para fijar la postura del Ejecutivo. Y ayer, en contraste con lo que habitualmente sucede con otros titulares de pliego, ningún representante del bloque oficialista asumió su defensa mediática. Tal vez porque en Gana Perú, dicen nuestras fuentes, no la ven con muy buenos ojos ni a ella ni a su entorno 'caviar', y porque, como ya ha pasado con otros ministros, la ven como una "advenediza" que le ha quitado al partido un cupo en el Ejecutivo.
Con la oposición tampoco le va bien. Sus evidentes contradicciones y su "no dije lo que dije", sumados a su condescendencia con el Sutep –que tendría como antecedente su tesis sobre "El sindicalismo obrero peruano", afirma el legislador Pedro Spadaro–, la han dejado malherida, a tal punto que, según rumores palaciegos, sería cuestión de tiempo extenderle el certificado de defunción, pero no ahora. "Eso sería darle gusto a la oposición", aclararon. Claro está, si antes no llega la censura.