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Mónica Delta,Opina21mdelta@peru21.com

Exigían la salida de 400 terroristas de las cárceles. La liberación mediante la operación 'Chavín de Huántar' fue una de las más exitosas del mundo, según la mayoría de versiones internacionales. Catorce años después, por obra y gracia de ONG, el Estado peruano ha sido demandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la ejecución extrajudicial de tres terroristas.

¿Qué ha incumplido el Perú para que sea denunciado? ¿Qué es lo que le cuestiona la CIDH al Estado? Nuestra Corte Suprema determinó, en su momento, que los presuntos culpables de estos hechos aislados sean juzgados en el fuero militar. Volvemos a preguntarnos ¿qué es lo que la CIDH dice que el Perú hizo mal? ¿Es que esta instancia desconfía y cuestiona nuestro sistema jurídico? Desde el 2004, el caso se está viendo en el fuero civil. ¿Que se demora mucho? Puede ser, pero también ocurre con muchos otros casos. ¿Y por qué nuestros comandos –quienes en otros lugares del mundo serían tratados como héroes– son tan maltratados por un puñado de compatriotas?

¿Tendremos que pedirles perdón a las familias de los terroristas que fueron abatidos en la operación militar, como exige la CIDH? ¿A eso le llaman reparación moral, además de la reparación económica? ¿Quién repara el daño hecho por estos miserables que acabaron con la vida de miles de peruanos? ¿Quién repara a las familias de Valer, Jiménez y Giusti, que murieron en el rescate? ¿Quién le devuelve al Perú los 12 años de sangre, destrucción y atraso que causaron estos hechos demenciales de terror? Hagamos una reflexión de fin de año y preguntémonos: ¿Quién debe reparar a quién?