El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, aseguró ayer que el Estado buscará cobrar los más de mil millones de soles que los condenados por corrupción adeudan por concepto de reparación civil e informó que su despacho ya ha dado instrucciones a los procuradores para que se declare la muerte civil de estas personas.
"Si tienen pensiones, les quitaremos el tercio de ellas; si tienen bienes, se los embargaremos; y si no tienen con qué pagar, los vamos a declarar insolventes. Es una muerte civil. No podrán abrir cuentas ni hacer contratos", precisó. El titular de Justicia también anunció que propondrán una nueva Ley de Lavado de Activos y que reestructurarán la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Sobre este punto, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, reveló que los informes de la UIF "no sirven para nada" porque no pueden usarse como prueba en los procesos judiciales.