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Santiago Pedraglio,Opina.21spedraglio@peru21.com

Sin embargo, Santos dio ayer un paso en la dirección equivocada cuando aseguró que no acatará el fallo "hasta garantizar que los derechos de los colombianos estén bien defendidos". Así, el Gobierno colombiano pone en cuestión que las decisiones de la Corte son definitivas e inapelables y que tienen que cumplirse inexorablemente.

De esta actitud puede surgir no solo un impasse jurídico, sino también una peligrosa crisis política, al poner trabas para que Nicaragua ejerza su soberanía sobre los espacios marítimos que le corresponden.

Si esto sucediera, la comunidad internacional debe presionar a Colombia para que no se convierta en un factor de inestabilidad política en toda América Latina. Si Colombia se resiste a cumplir el fallo con la pragmática evaluación de que pierde poco si su relación con Nicaragua se deteriora, debe saber que su prestigio y su credibilidad se verán fuertemente mellados a nivel internacional.

La segunda decisión que ha tomado el Gobierno de Colombia, retirarse del Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, es no solo una forma de adelantarse a evitar que se presenten otros casos en su contra que lo obliguen a ir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sino una conducta que debilita un mecanismo crucial para resolver las controversias entre los estados de la región.

El gobierno de Juan Manuel Santos toma esta actitud a contracorriente, cuando América Latina avanza en institucionalizar sus relaciones multilaterales y cuando su gobierno negocia tratados o acuerdos de importante calibre, como el tratado de libre comercio con la Unión Europea y el probable acuerdo de paz con las FARC.