El miércoles 1 de febrero, la Comisión de Constitución del Congreso debatirá el proyecto del Ejecutivo que faculta a la Corte Suprema para que, a pedido del fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, declare la ilegalidad de un movimiento, organización o partido político "cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos". La iniciativa, que modifica la Ley de Partidos Políticos, propone también que ante una sentencia firme de declaratoria de ilegalidad de un grupo, se cancele su registro ante el Jurado Nacional de Elecciones.