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Nano Guerra García,Opina.21nano@somosempresa.com.pe

Una ley que se aprueba con la intención de beneficiar a un grupo específico es un típico recurso populista que, históricamente, nunca cumple su objetivo. Usualmente, este tipo de normas castiga a un sector y "protege" de manera equivocada a otro con recursos ajenos. Otra cosa es beneficiar a alguien con recursos propios. Ayudar a quien uno desee es lo justo y, también, lo deseable.

Pero una nueva ley, que obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a contratar a un mínimo de 3% del personal con alguna discapacidad, es anticonstitucional y, moralmente, discriminante.

Incluso hasta para la propia población que dice proteger desde una visión de la discapacidad, en vez de ver las actitudes y capacidades de las personas, busca que a uno lo contraten no por sus habilidades, sino por lo que nos falta.

Además, la norma obliga al empresario a hacerse cargo de tareas que son propias del Estado, y para lo cual paga impuestos y crea puestos de trabajo.

Al utilizar un mecanismo obligatorio se olvida el incentivo. ¿Por qué no recompensar al que contrata a determinado personal con capacidades diferentes?

Por último, ¿qué hace un emprendedor que tiene 100 trabajadores buenos, hábiles y comprometidos? ¿Debe despedir a tres para cumplir con la ley? ¿No es esto también injusto? ¡Contratemos por la capacidad de emprender, fomentémosla y no hagamos demagogia! Feliz Año, emprendedores.