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Santiago Pedraglio,Opina.21spedraglio@peru21.com

El principal objetivo es consolidar el statu quo reinante en la zona: amplia libertad de movimiento para sus destacamentos, refuerzo de su control de territorios, coexistencia pacífica –y rentable– con las grandes empresas vinculadas a la generación de energía, preservación de su alianza con el narcotráfico y concentración de su ataque en militares y policías (no en las empresas o en sus trabajadores, no en las autoridades de la zona ni en la población en general).

En su nota de exigencia dirigida a la "empresa transnacional Consorcio Camisea Transportadora de Gas del Perú (TGP)", difundida por medios locales e internacionales, la base senderista del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) señala a esta entidad que "no está en contra de sus intereses y sus propiedades".

Añade, además, que respeta "los contratos decididos con los pueblos originarios" y le pide definir "cómo van a ser sus aportes a la revolución (…) mensual o anual, y qué cantidad de dinero".

El asunto es claro, entonces: tratan de mantener una "coexistencia pacífica" a cambio de la entrega de cupos. Si, como afirma Gustavo Gorriti (Caretas 12-4-2012), la empresa Techint se retira e ingresan otros operadores económicos, estarían forzando un nuevo acuerdo.

El esfuerzo de este grupo de Sendero Luminoso por consolidar el statu quo en una zona con una gran industria energética instalada pone en evidencia que el problema del VRAE es bastante más complejo de lo que se ha considerado hasta ahora, cuando sobre todo se subrayaba su relación con el narcotráfico.

La muerte de una oficial de la Policía y los tres heridos de la misma entidad son un doloroso indicio de que esta incursión no terminará tan "tranquilamente" como la de Techint, ocurrida en 2003, cuando gobernaba Alejandro Toledo.