Como sabemos, ayer la sala que preside el juez Sahuanay ha dejado al voto la apelación del ex presidente Humala y la Sra. Nadine ante la orden del juez Concepción Carhuancho (18 meses de prisión preventiva mientras se les investiga por los presuntos delitos de lavado de activos). La defensa de ambos, tanto del ex presidente como de su esposa, además de ser inexacta (o probablemente falsa, que es lo más seguro), ha argumentado "el interés político".
Esto de la persecución política, aunque trillado, es la carta obvia para cualquier político en proceso de investigación, acá y en la China. Es, a fin de cuentas, una opinión y, por lo tanto, debería ser inocua en la revisión que hará la Sala Penal de Apelaciones.
Lo importante reside en la medida, si es o no exagerada. Por supuesto que la reclusión preventiva es una medida excepcional. Eso no está en duda. La pregunta es si este caso lo amerita o no; desde que la medida existe, es evidente que debe ser usada en tanto el caso así lo demande. Y en mi opinión, este es el caso: hay pruebas (ojo, evidencia, no suposiciones) de que compraron testigos, le mintieron a la Fiscalía, trataron de engañarlos y ahora, gracias a una denuncia periodística, sabemos que estuvieron presionando a un colaborador eficaz para que se retraiga en sus denuncias. ¿Qué más necesitan para saber (no creer) que ambos, tanto Humala como Heredia, no pueden seguir su proceso en libertad porque, y así está establecido, son capaces de hacer cualquier cosa para entorpecer el proceso?
Lo de los fondos y los testimonios, pues allá quien quiera creer en duendes y/o manipular la realidad para tranquilizar su conciencia. Está registrado (testigos, corruptores, agenda, cuentas partidarias y demás) que el dinero provenía de una fuente de recursos ilícitos, que el dinero se entregó, que este se destinó para distintas cosas (personales y partidarias), y demás. Ojalá la justicia falle en concordancia con los casos recientes y las pruebas encontradas. No podemos seguir en el reino de la impunidad.