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En estricto, a nadie debe alegrar la ratificación del fallo de primera instancia del juez Concepción Carhuancho, por la Sala de Apelaciones (respecto a la prisión preventiva por 18 meses del ex presidente Humala y su esposa, la Sra. Nadine Heredia). Como sostuvimos ayer, en libertad o en prisión preventiva, es necesario que la Fiscalía proceda al proceso penal de ambos (y lo que sería la organización que liderarían, según esa entidad), de tal manera que se haga justicia para una u otra parte respecto a los delitos de los que se les acusa.

La necesidad de la prisión preventiva era, en esencia, necesaria desde que, como sostiene la Fiscalía, la pareja (ambos, cada uno por separado) había demostrado en distintas oportunidades tener la voluntad de entorpecer el proceso, sea comprando testigos, desorientando a la Fiscalía o encargándole a terceros la presión de testigos y delatores. Es por ello que se pide la prisión preventiva, y lo que sigue es proceder con el proceso de lavado de activos.

Dicho esto, sabemos que la Fiscalía acusa a la pareja de dirigir una organización criminal, y la pregunta ahora es sobre quiénes acompañaron a ambos en la resolución de los delitos imputados. Porque solos no actuaron: nadie logra establecer una red (como ha detallado el Ministerio Público) de dicha envergadura sin el apoyo de colaboradores legales, mediáticos, económicos, financieros y demás.

Por otro lado, la confirmación de la Sala de Apelaciones debería mandar un poderoso mensaje, en primer lugar, a quienes acompañaron a la pareja en sus actos, ya que siempre será mejor que colaboren, a tratar de entorpecer las investigaciones; en segundo lugar, al Ejecutivo, que debería –ahora sí– entender que recibió un gobierno donde la preocupación era el dolo y no las políticas públicas (o, en todo caso, no eran prioritarias). Los megaproyectos, por ejemplo, deberían ser auditados al milímetro. Como bien dicen: gallina que come huevo, aunque le quemen el pico.