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Santiago Pedraglio,Opina.21spedraglio@peru21.com

Los primeros recalcan la necesidad de que el Estado tenga una mayor participación en la renta obtenida y, si fuera posible, en la exploración, explotación y distribución de los recursos (como ahora con Petroperú en petróleo y gas). Consideran que un aspecto fundamental de la redistribución del ingreso tiene que ver directamente con un nuevo criterio para repartir esa renta.

Estos mismos sectores reclaman también que el Estado tenga un papel claramente regulador. Que las inversiones privadas no tengan un poder descontrolado y que el Estado les raye la cancha incluso en cuanto al impacto ambiental.

Para otros sectores de la izquierda, como Tierra y Libertad, el cuidado del medio ambiente y el incremento de industrias que conversen con este propósito es un aspecto crucial de la estrategia de crecimiento del país; esto permitirá un desarrollo sostenible favorable a todos los ciudadanos.

Cuando se inició el conflicto de Conga, en Cajamarca, estos énfasis diferentes se expresaron en los discursos de la oficina del primer ministro y del Ministerio del Ambiente: el primero más instalado en la primera opción, y el otro en la segunda.

Ahora, cuando la Marcha del Agua está reuniendo en Lima a los sectores que piensan de uno y otro modo, es imprescindible que ambas vertientes definan un proyecto de mediano y largo plazo sobre las industrias extractivas.

Porque queda claro que existen grandes proyectos en espera, incluso instalados en cabeceras de cuenca, y que, al margen de los problemas del estudio de impacto ambiental y del diseño del proyecto Conga, no solo se trata de este caso.