Tras la avalancha de críticas a su postura, Víctor Isla alegó que fue “malinterpretado”. (Rochi León)
Tras la avalancha de críticas a su postura, Víctor Isla alegó que fue “malinterpretado”. (Rochi León)

Se fue de boca. A menos de 24 horas de asumir la Presidencia del Congreso, el oficialista Víctor Isla sufrió su primer traspié mediático. ¿El motivo? Sus declaraciones a favor de que los terroristas que ya purgaron su pena ocupen cargos públicos en el Estado. "Creo que una persona que tiene que cumplir una sanción puede resocializarse, como señala el Código Penal", sostuvo en RPP Televisión cuando se le preguntó específicamente sobre su exasesor y exmilitante de Sendero Luminoso Martín Reátegui.

Pero no fue su único comentario al respecto. Cuando se le inquirió si, en su opinión, un subversivo ya liberado puede trabajar en el Estado, replicó: "Creo que sí, alguien no puede proscribirlo; además, el ordenamiento legal señala la posibilidad de resocializarse". Agregó que, ante la duda de una real rehabilitación, "el Estado debe estar vigilante al accionar de todo ciudadano", tras lo cual expresó su "rechazo total" al terrorismo.

SIN PISOLas opiniones del estrenado titular del Legislativo generaron las más ácidas críticas de sus colegas, entre ellas las de su antecesor Daniel Abugattás, quien comentó que entiende a su colega en el sentido de que la resocialización es un "principio natural de la sociedad". No obstante, dejó en claro que es un tema delicado y que no comparte su postura.

Lourdes Alcorta, vocera alterna de Alianza Por el Gran Cambio, calificó el comentario como "desatinado, imprudente, impertinente y una metida de pata", y emplazó a Isla a que aclare inmediatamente el tema.

Manifestó que, aunque haya subversivos que se han resocializado en sectores como Educación, es imposible aceptar su ingreso porque de por medio está el bienestar de los niños.

Juan José Díaz (Fuerza 2011), por su parte, manifestó que los terroristas no se diferencian entre grandes y pequeños y que nadie puede garantizar su resocialización, por lo que –indicó– no se puede garantizar que tras su paso por la cárcel hayan dejado de ser un peligro para la sociedad. "No seamos tontos útiles; es lo que ellos quieren al presentarse como perseguidos políticos", advirtió tras informar que ha presentado un proyecto para impedir que los condenados por subversión accedan a puestos públicos.

Mauricio Mulder, portavoz de Concertación Parlamentaria, dijo que el Estado debe estar regido por personas de "trayectoria democrática" y que "una persona condenada tiene derecho a resocializarse, pero la administración pública no tiene por qué abrirle sus puertas".

Ante la avalancha de cuestionamientos, Isla trató de ponerle paños fríos al asunto alegando que sus declaraciones habían sido malinterpretadas. "No se entendió tal vez lo que dije", concluyó.

PASIVIDAD DE MINISTRA

La polémica lista de 802 docentes y trabajadores del magisterio con condenas por terrorismo se encuentra aún en la Alta Dirección del Ministerio de Educación.

Dicha instancia, adscrita al despacho de la ministra Patricia Salas, evalúa uno por uno los casos, luego de que, el 4 de marzo de 2012, Perú21 revelara la escandalosa presencia de estas personas que, en su mayoría, dictan clases en las aulas del país desde el 2008.

Trascendió que un grupo de profesores sentenciados pretende volver, pero que no se les permitirá hacerlo porque el Decreto Supremo 019-2010-ED se los prohíbe. Sin embargo, se espera que el Congreso decida que esa norma tenga rango de ley en base a un proyecto que está en el Parlamento.