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Redacción PERÚ21

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Santiago Pedraglio,Opina.21spedraglio@peru21.com

Sostener que el reconocimiento de las faltas y el pedido de perdón afectarían la imagen del exgobernante equivale a mantener la soberbia como bandera y el desprecio a las víctimas como columna vertebral de su organización política.

Proclamar que los logros que se atribuyen al gobierno de Alberto Fujimori lo engrandecen hasta el punto de hacer 'tas con tas' con delitos de lesa humanidad equivale a justificar la destrucción de instituciones y la pulverización de la conducta cívica, comportamientos que reinaron durante esos años de gobierno (y que, por desgracia, sobreviven infiltrados en el tejido social del país).

Baste recordar la compra de carátulas y de líneas editoriales de los diarios 'chicha' para no perder de vista hasta qué punto el régimen Fujimori-Montesinos se especializó en la demolición de las condiciones básicas que debe cuidar cualquier gobernante democrático, sea de derecha, de centro o de izquierda.

Lo delicado del momento que vivía el país, con Sendero Luminoso arreciando, no justifica ni ese ni otros delitos cometidos y por los cuales Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión, de los que lleva 7 cumplidos tomando en cuenta el tiempo que pasó en Chile. Años en los que, como debe ser, se han respetado todos sus derechos como presidiario, incluidos los que mandan los tratados internacionales, por lo cual hay que felicitarse como país.

Por todo esto, es necesario subrayar que los pedidos de indulto se están planteando sin que el expresidente, su entorno político (hijo congresista e hija excandidata presidencial incluidos) ni los dirigentes de su partido den muestras de reflexión ni de responsabilidad política. El discurso es el de su inocencia, y esto es grave porque se demanda una "gracia" presidencial manipulando y obviando los efectos demoledores que provocó en la sociedad y en sus instituciones el accionar del expresidente Fujimori.