“No se ha hecho nada”

Malena Pineda,Defensoría del PuebloLa Defensoría del Pueblo se siente indignada porque en cuatro meses, tras el incendio de San Juan de Lurigancho, ha ocurrido esta nueva tragedia. No se ha hecho nada para corregir las fallas.

Hace falta una correcta oferta de servicios para gente con adicción por parte del Estado y ante esa urgencia estas personas deben irse a centros privados que, con licencia o sin licencia, no respetan la integridad, la dignidad, la libertad ni los derechos de los adictos.

Hay ausencia de fiscalización, no solo en infraestructura, sino también en supervisar las condiciones de internamiento y tratamiento, ya que generalmente no son las correctas.

Incluso, hace pocos días el comité de las Naciones Unidas llamó la atención al Estado con respecto al internamiento involuntario de la gente con discapacidad mental como consecuencia de la adicción, que se produce en estos centros terapéuticos o en establecimientos de salud.

Solo en casos de emergencia, como cuando el adicto intenta atentar contra su vida o la vida de otros, se debe permitir el internamiento involuntario. De lo contrario se está violando sus derechos fundamentales. Por último, el Estado debe tener una política de prevención en materia de adicciones.