Incluso cuando no hay otra opción

Por: Carlos Basombrío, Opina 21cbasombrio@peru21.com

Usarlo de manera legítima y al servicio del ciudadano, alude a un Estado democrático. Así, no es posible permitir que la principal carretera del país permanezca bloqueada por un reclamo local; pero, a la vez, es una barbaridad que, por el poco profesionalismo con el que se actúa, se mate a un manifestante de dos balazos en el estómago. Falso dilema: pasividad total de la policía o la intervención con muertos.

El inevitable uso de la fuerza por parte de un Estado democrático debe responder a principios de necesidad, proporcionalidad y gradualidad.

Para que estos puedan llevarse a la práctica se requiere de lo siguiente:Uno: Adoptarlos doctrinariamente.

Dos: Equipamiento adecuado. Es inadmisible que el Ministerio del Interior, que ha más que duplicado su presupuesto en estos años, no haya invertido en las modernas tecnologías que permiten gran fuerza disuasiva sin causar daños significativos a personas actuando fuera de la ley.

Tres: Especialización y entrenamiento. No todos los policías están preparados para actuar adecuadamente en circunstancias de esa naturaleza. Existen cursos prácticos de gran calidad en donde se conjuga eficacia y protección del efectivo, con un respeto a los derechos básicos de las personas; para empezar, al de vivir.

Cuatro: Profesionalismo en la planificación de las operaciones. No se trata de amontonar gente y hacerlos actuar como si fueran otra turba.

Cinco: Supervisión interna de la actuación policial para mejorar y de ser el caso sancionar y;

Seis: Una fiscalización exigente de parte de la sociedad.

De ser así, no tendría por qué haber una contradicción –ni siquiera bajo estado de emergencia– entre el cumplimiento de la ley y el cuidado de la vida de las personas.