El Gobierno modificará el Código Penal para incorporar el delito de minería ilegal y establecer penas de prisión de hasta 12 años. Así, se daría entre cuatro y seis años de cárcel a quienes realicen esta actividad sin autorización.
La pena llegaría a 10 años por delitos de minería informal en forma agravada (operación en zonas de exclusión o en áreas naturales protegidas). El financiamiento de dicha actividad será castigado con cárcel no mayor a doce años.