:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/SWLVCWZDQNAW5NTWDZJCJVOFYI.jpg)
ANTE EL PODER JUDICIAL
En mayo de 2002, el fiscal Richard Saavedra denunció ante el Poder Judicial a 23 personas, entre quienes figuraban Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra, Jesús Zamudio Aliaga y los 19 comandos que habrían participado en la supuesta ejecución de tres emerretistas.
El fuero militar, el 28 de mayo de 2002, planteó una acción de competencia y solicita al fuero civil excluir de su investigación a 19 comandos, señalando que estos eran investigados, junto a los otros 121 comandos, por abuso de autoridad. No se incluye en el pedido a Montesinos, Hermoza, Huamán ni Zamudio.
En agosto de 2002, la Corte Suprema decide declinar su competencia y aprueba el pedido del fuero militar sosteniendo que las infracciones que se pudieron cometer en el operativo de rescate debían ser investigadas por el tribunal militar.
El 15 de octubre de 2003 la Sala de Guerra del Consejo de Justicia Militar archiva la investigación señalando que no existen indicios de responsabilidad de los comandos en abuso de autoridad.
El 3 de febrero de 2003 Aprodeh denunció el hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Actualmente, la Tercera Sala Liquidadora enjuicia a Montesinos, Huamán, Hermoza y Zamudio por las supuestas ejecuciones extrajudiciales de los emerretistas Ernesto Cruz Sánchez (a) 'Tito', Herma Luz Meléndez Cueva (a) 'Melisa' y David Peceros Pedraza.
ANTE LA CORTE DE SAN JOSÉ
En diciembre de 2011, el Estado peruano es informado que la Corte de San José ha admitido la demanda planteada por la CIDH por las supuestas ejecuciones extrajudiciales de tres emerretistas.
La demanda plantea que el Estado infringió la Convención Interamericana de Derechos Humanos al haber declinado su deber de investigar, en fuero civil, las supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Señala la CIDH, basándose en jurisprudencia supranacional, que el fuero militar no es competente para ver delitos de violaciones de los derechos humanos.
El Estado peruano aún no responde la demanda de la CIDH ante la Corte de San José. Se ha informado que solicitará una prórroga del plazo a fin de esperar a que se dicte la sentencia en el fuero civil peruano
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/5QWMSWHRIFFWNKRDAZP53ONRL4.png)
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/X25OYCGBS5DQXAF46V7MJROE44.jpg)
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/SBTJ2I37QJA4ZKUPB4YWGC6OI4.jpg)