Acogiendo una propuesta de la Contraloría General, el Poder Ejecutivo amplió la Ley de Pérdida de Dominio a casos de corrupción de funcionarios y dispuso que los bienes y/o recursos adquiridos por los funcionarios públicos procesados por actos de corrupción serán pasibles de embargo.
Asimismo, se precisó que el Estado podrá reclamar la propiedad de estos bienes o recursos hasta 20 años después de cometido el ilícito.