Enrique Castillo,Opina.21ecastillo@peru21.com
Sea que haya sido una iniciativa del mismo Ministerio de Justicia ante un pedido del presidente Ollanta Humala –como nosotros creemos que ha sido–; o sea que haya sido una acción ejecutada desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)–que no hubiera podido ser ejecutada sin la aprobación expresa del ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor– para congraciarse con el jefe de Estado, lo cierto es que se ha tratado de una cuestionable decisión política tomada desde el Ejecutivo. Los antecedentes y la absoluta debilidad de las razones expuestas así lo demuestran.
Desde que el presidente Humala llegó al Gobierno, su hermano Antauro ha gozado de una serie de privilegios como la libertad de movimiento y el uso de celulares en Piedras Gordas; las facilidades para la grabación y difusión ilimitada de entrevistas; y su sospechoso y clandestino traslado al Hospital Militar en plenas fiestas de fin de año con visita íntima incluida.
El INPE ha justificado el traslado de Antauro Humala por razones de seguridad, debido a que se está llevando a Piedras Gordas a terroristas capturados por este Gobierno que podrían atentar contra el hermano del presidente.
Triste confesión que nos hace el INPE. Es incapaz de dar seguridad a los reclusos en el interior de un penal de máxima seguridad que tiene varios pabellones totalmente separados.
Se ha señalado además que a un militar le corresponde una cárcel para militares. Pero resulta que Antauro Humala ya no era militar cuando cometió sus delitos y esos delitos no fueron de función, ni fue juzgado por el fuero militar, por lo que le corresponde un tratamiento como el que cualquier civil debería tener.
Lamentable papel el que cumplen aquí el ministro de Justicia y el jefe del INPE, tratando de justificar de cualquier manera una decisión que no tiene justificación.