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Por: Santiago Pedraglio, Opina.21spedraglio@peru21.com

No hay que olvidar que hace solo doce meses el hoy presidente Ollanta Humala y su partido eran el principal "contingente de agitación antiminera", según la mayoría de los medios de comunicación y varios líderes de opinión.

Partiendo de la premisa de que el Perú no se puede convertir en un gran tajo abierto, y que para eso se necesita con urgencia el tantas veces exigido ordenamiento territorial, está claro que el papel del Estado es y será fundamental para que la población recupere la confianza en que es posible una minería que garantice la sostenibilidad ambiental y una vida mejor para las personas de la región donde esta se instale.

El gobierno cometió el grave error –una herencia del pasado inmediato– de creer que bastaría hablar de 4,800 millones de dólares para que los cajamarquinos aceptaran el proyecto y los peruanos estuvieran de acuerdo. Las encuestas muestran que la mayoría apoya las inversiones, pero también las protestas, cuando aquellas afectan el medio ambiente y los derechos de las comunidades. Se olvidó, además, de tomar en cuenta a las autoridades regionales y, sobre todo, de buscar una propuesta de reformulación del proyecto de explotación, que impida la transformación "significativa e irreversible (de) la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes, de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible", tal como anuncia el informe del Ministerio del Ambiente.

Es imprescindible comprometerse a reparar la profunda deuda social que tiene el Estado con los cajamarquinos –y de alguna manera también las grandes inversoras mineras–, si se quiere reconstruir el mínimo de confianza entre población, dirigentes regionales –electos democráticamente–, gran inversión y gobierno central.