Gianfranco Castagnola,Al.Mercadogcastagnola@peru21.com
El Gobierno ha dictado normas drásticas que criminalizan esta actividad y, a la vez, ha emitido dispositivos que debieran promover la formalidad de la minería artesanal. La extracción ilegal de minerales existe desde hace varias décadas en el país y, hasta ahora, ningún régimen la había combatido con esta determinación. La batalla será dura y larga pues los intereses económicos detrás de ese tipo de minería son enormes y ya han logrado penetrar el sistema político. Si el Gobierno persiste en esta lucha y logra salir vencedor, dejará un doble legado a la nación: la erradicación de una actividad altamente dañina y un avance para lograr que el Estado tenga la presencia y autoridad que le corresponde. Las ONG que suelen oponerse a la minería formal deberían respaldar este esfuerzo.