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Redacción PERÚ21

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Cecilia Valenzuela, Mira quién hablacvalenzuela@peru21.com

Un día recibí una carta estremecedora. El remitente la había escrito usando toda la hoja de papel, de arriba abajo, sin respetar bordes ni espacios. Y en su texto, con una caligrafía apretada y angustiada, denunciaba con lujo de detalles la forma cómo la CIA y el Mosad, en una alianza estratégica con el Servicio de Inteligencia Nacional, interceptaban y grababan sus pensamientos usando radares satelitales. "¡Entienda mi situación, señora!", me requería "¡No puedo pensar. Me están robando mis ideas!".

Mi interlocutor me pedía, me exigía, que investigara en el acto para luego denunciar a los responsables peruanos de su desgarrador sometimiento.La paranoia es una alteración de la conciencia, una enfermedad mental. Y guardando la distancia con el autor de la carta que describí anteriormente, usted no imagina la cantidad de peruanos que padece de paranoia política, laboral, comercial, etc. No conozco político, funcionario, empresario, periodista, trabajador, en todos los niveles y en todas las regiones de nuestro país, que no considere la posibilidad de estar siendo 'chuponeado', interceptado o violado cuando habla por teléfono, cuando escribe un correo electrónico o una carta. Hay quienes afirman que el chat del Blackberry, al menos hasta el momento, es el único medio confiable para comunicarse en el Perú.

Los ciudadanos, en la práctica, saben que aquí nadie tiene garantizada la privacidad de sus comunicaciones. Y esa certeza es letal para una sociedad que aspira a la democracia. Atenta contra los valores ciudadanos y arrasa con el principio de la libertad.

El jueves pasado, en el último día de legislatura, una culposa mayoría parlamentaria aprobó, con un solo voto en contra, una ley que limita y desalienta el consumo de 'chuponeo' en la prensa nacional. Una ley que extiende el castigo penal –ese que ahora solo alcanza al que 'chuponea'– al que difunde audios o textos interceptados que no califican como de interés público, ni sirven para sancionar un acto de corrupción o cualquier otro delito.

Algunos de mis colegas pegaron el grito al cielo y acusaron al Congreso de aprobar una 'ley mordaza'. Pero la verdad es que los 'chuponeadores' no cumplirían con su objetivo extorsionador si sus grabaciones no se publicaran o si no existiera la posibilidad de ello. Oferta y demanda. Los 'chuponeadores' graban para chantajear y usan a la prensa para hacer efectivo el chantaje.

Mientras más dificultades tenga el 'chuponeador' para que su producto se difunda, menores estímulos habrá para el delito contra la privacidad. ¿Existiría narcotráfico sin consumidores de drogas?

Que la prensa no pueda difundir audios 'chuponeados' que no justifiquen el interés público no impide la lucha contra la corrupción. Mucho menos la calidad investigativa del periodista.

Si un reportero riguroso recibe anónimamente un audio que evidencia un delito o el planeamiento del mismo, que comience una investigación. Debe cruzar la información, contrastar los hechos, revisar los archivos y acudir a las fuentes. Si en ese camino encuentra pruebas, entonces que publique la interceptación ilegal para acompañar el resultado de su trabajo. Que la publicación del 'chuponeo' sirva como un elemento de una investigación que estimule a que la sociedad exija un castigo, y no para que un chantajista profesional cumpla con su cometido.