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Redacción PERÚ21

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Santiago Pedraglio,Opina.21spedraglio@peru21.com

Entre los cuatro cobros prohibidos están, por ejemplo, el pago por el mantenimiento de tarjetas de crédito y los cargos que se establecen por disposición de efectivo, también a través de las tarjetas de crédito.

Ya era hora de que alguien se acordara del cliente-consumidor, porque los que manejan la economía, e incluso los que la supervisan y regulan, parecen haber tenido hasta ahora la convicción de que el mercado lo sostienen solo los que "la llevan": hay que cuidar al inversionista y al financista, mientras que al cliente se le imponen obligaciones y más obligaciones. El hecho es que reina el poder de la maquinaria de las grandes empresas, en este caso financieras.

Al cliente no solo no lo tratan como a un ciudadano con derechos. Cuando el desamparado ahorrista protesta, por ejemplo, porque el banco, sin siquiera despeinarse, le extrajo dinero de su cuenta porque se demoró un día en pagar su crédito hipotecario –a pesar de que cliente ha negado explícitamente su consentimiento a este tipo de acción–, el funcionario de la plataforma no tiene más respuesta que un lacónico y contundente: "Es política del banco".

Salvo la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) y una que otra iniciativa de algún congresista, a pocos les han preocupado los derechos del consumidor. Ha sido clamorosa la fragilidad de los organismos reguladores del Estado para preservar los derechos del consumidor y ponerle límites a la maximización de las ganancias a cualquier costo. Ojalá se esté cerrando esta etapa y abriendo otra en la que el ciudadano recupere parte de su poder y de sus derechos frente a las entidades financieras.