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Redacción PERÚ21

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Santiago Pedraglio,Opina.21spedraglio@peru21.com

Como bien ha dicho César Villanueva, presidente de la región San Martín, quien también dirige la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, esta iniciativa es "absurda" pues ya hay "una ley que sanciona a las autoridades que encabezan protestas" (Perú21, 28-6-12). Villanueva subraya que, además, el Congreso no les ha pedido su opinión como parte involucrada.

Argumentar, a partir de las protestas de Conga, que está en riesgo el carácter unitario del Estado peruano es una afirmación fuera de lugar: esa demanda no existe; ni siquiera ha aparecido en el debate. Entonces, ¿qué quiere el Congreso? ¿Convertir la vacancia de los presidentes regionales en un proceso sumario y tenerlos "al susto" con más causales? Considerar que el proceso penal ya establecido es muy largo es insinuar que se quieren tomar decisiones en plazos breves y de carácter político.

Una propuesta así solo es posible porque los partidos "nacionales" no tienen control alguno de las presidencias de los gobiernos regionales, salvo el Apra en La Libertad. Los partidos representados en el Parlamento tienen muy poco interés, o ninguno, en defender la descentralización y a las autoridades regionales. A ese nuevo espacio le dan la espalda, hasta ahora, por su falta de representación regional.

El proyecto debilita la capacidad de negociación de los gobiernos regionales con sus bases y con el Ejecutivo, esta última ya bastante deteriorada pues el gobierno nacional está apelando al bloqueo de transferencias presupuestales, como en Cajamarca y en la provincia de Espinar, además de las 'baipaseadas' aprendidas de la década de los 90, reuniéndose directamente con los alcaldes de Cajamarca.