El ministro de Justicia fue claro en señalar que la nueva ley cerrará el paso a Sendero. (Heiner Aparicio)
El ministro de Justicia fue claro en señalar que la nueva ley cerrará el paso a Sendero. (Heiner Aparicio)

El proyecto de ley del Ejecutivo que busca impedir la inscripción de las organizaciones que promueven la violencia "no tiene nombre propio", pero sí puede aplicarse al caso del pro senderista Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) –cuyo trámite está en curso– porque se trata de una norma de procedimiento, aseguró el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor.

Tras demandar que el proyecto se vea con urgencia en el Congreso, enfatizó que "el ideario del Movadef es el 'Pensamiento Gonzalo', una ideología genocida que ha sustentado la masacre en el Perú", y que el objetivo del Estado es preservar el orden constitucional e impedir que organizaciones que favorezcan la violencia logren su inscripción.

Ernesto Álvarez, presidente del Tribunal Constitucional, manifestó que el JNE tiene la obligación de hacer una interpretación de la norma porque, si un partido pierde su inscripción cuando su sistema ideológico quiebra el compromiso con la democracia, es obvio que tampoco puede inscribirse si esa situación se presenta al momento de solicitar su inscripción.

PREVARICATOEn tanto, el legislador Mauricio Mulder dijo que evalúa denunciar por prevaricato a los vocales del JNE –está estudiando ante qué instancia responden los funcionarios– por haber fallado en contra del texto expreso de la ley y por haber abdicado de su función. "El acto que han cometido en contra de la democracia en forma tan cobarde no es un acto jurisdiccional, sino que merece una sanción", insistió.

Michael Urtecho, tercer vicepresidente del Parlamento, afirmó que "el JNE se lavó las manos y no actuó con firmeza contra el Movadef", y agregó que el proyecto del Ejecutivo debe ser debatido con urgencia en un Pleno extraordinario después de que sea dictaminado por Constitución.

SABÍA QUE

- El proyecto del Ejecutivo le otorga al JNE la misma facultad que tiene la Corte Suprema para declarar ilegal a un partido político, pero al momento de la inscripción.

- Agrega como requisitos para la inscripción que no tenga un perfil violentista ni afecte las libertades.