Buenas intenciones, mala ley

Gianfranco Castagnola,Al.Mercadogcastagnola@peru21.com

Durante décadas se ha ignorado a las personas con discapacidad y no se ha desarrollado facilidades para su vida cotidiana y su desarrollo profesional. Esta discriminación ha ido disminuyendo gracias a las campañas de sensibilización y a la acción del Estado, que obliga, por ejemplo, a que las edificaciones ofrezcan accesos apropiados. Esto debería ser continuado con medidas que impulsen su plena inclusión en las actividades económicas. Una nueva ley ha ido mucho más allá: el 3% de los trabajadores de las entidades privadas deben ser personas con discapacidad. Es una mala idea: muchas empresas tendrán que contratar personal que no necesariamente requieren, lo que generará un costo. Para ser competitivas, las empresas deben contratar a quienes estén mejor preparados para cumplir sus funciones. Si se decidiera optar por un subsidio, le correspondería al Estado asumir el costo para distribuirlo entre todos los contribuyentes. Es probable que sea políticamente incorrecto criticar esta ley, pero sería poco honesto –y "económicamente incorrecto"– no hacerlo.