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Redacción PERÚ21

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Ántero Flores-Aráoz,Opina.21La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo a raíz de la denuncia presentada por Aprodeh en contra del Estado peruano respecto de la operación Chavín de Huántar.

La CIDH pretende que el Estado procese ante la justicia común a los comandos que liberaron a los rehenes en la residencia del embajador de Japón, y que también procese a los magistrados de la Corte Suprema que dirimieron competencia a favor del fuero militar, y a los jueces de dicho fuero que absolvieron a los comandos.

¡De locura! Felizmente, el Estado ha dado un viraje de 180 grados, dejando de lado la defensa meliflua, que a nada bueno nos llevaría, por una defensa vigorosa, fuerte y sin temores.

A la comisión no hay que tenerle miedo, sino enfrentarla con la verdad y con los sólidos argumentos que tenemos.

El Estado por fin entiende que tiene que actuar en dos niveles diferentes.

Uno es el jurisdiccional supranacional, pues el caso va a ir a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica, y el otro, el político, para hacer modificaciones al sistema.

En el nivel jurisdiccional hay que demostrar que la comisión está yendo contra la Convención Americana de Derechos Humanos y contra nuestra Constitución, ya que la primera impide al inculpado absuelto que sea sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos, y la segunda prohíbe revivir procesos fenecidos.

En el nivel político, hay que proseguir la tarea iniciada en el año 2007, en que el Perú formuló propuestas para que los estados integrantes de la OEA y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos les hagan reformas a dichas instancias para conseguir que también les alcance el debido proceso, terminar con el ocultismo existente y ser más prolijos en la elección de los miembros de la comisión y de la Corte Interamericana quienes, además de imparciales, no deben estar ideologizados.