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Santiago Pedraglio, Opina.21spedraglio@peru21.com

En este sentido, tiene y tuvo razón el gobierno del presidente Ollanta Humala al impedir los bloqueos de carreteras en Cajamarca y eventuales desmanes durante la huelga contra el proyecto minero Conga.

Entra en un terreno políticamente discutible la decisión de los negociadores gubernamentales –el premier, los ministros y, entendemos, el presidente de la República– de no aceptar el día más que pidieron las autoridades del gobierno regional y los dirigentes del Frente de Defensa para consultar con sus bases los posibles acuerdos. Es igualmente discutible, por excesiva, la decisión de implantar el estado de emergencia en la región.

Desde el otro lado de la ventanilla, es criticable la irresponsable disputa política por el liderazgo del paro entre Patria Roja y otros sectores extremos (a ratos parece que estuvieran jugando a ver quién resulta más radical).

Cada cual puede estar de acuerdo o no con las opciones señaladas. Sin embargo, dos decisiones del Gobierno son ilegales y plantean una preocupación acerca de su voluntad democrática: la detención de Wilfredo Saavedra junto con otros dirigentes del Frente de Defensa a la salida del Congreso y la congelación de las cuentas del Gobierno Regional de Cajamarca por parte del Ministerio de Economía.

El argumento de que Saavedra estuvo en prisión acusado de integrar el MRTA no justifica nada; y afirmar que los recursos del gobierno regional podrían ser utilizados para promover las protestas y que, por eso, el Gobierno Central debe retener ese dinero que por ley pertenece a Cajamarca, es una muestra de autoritarismo puro y duro. Ambas decisiones son una amenaza, y es de esperar que no se conviertan en una modalidad de gobierno.