El Consejo de Ministros aprobó –al amparo de las facultades delegadas– cuatro decretos legislativos orientados a la modernización del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.
Mediante esos dispositivos, el Gobierno crea la agencia de compras para los institutos armados y posibilita la producción, coproducción y transferencia tecnológica en el ámbito de la industria militar.
Una de las normas prevé instituir la Defensoría Militar para defender a todos aquellos oficiales que, en el ejercicio de sus funciones, sean sometidos injustamente a procesos.