El Gobierno de Panamá envió tropas especiales a la ciudad caribeña de Colón, 50 kilómetros al norte de la capital del país, donde hoy proseguían las protestas contra la aprobación de una ley que permite la venta de tierras en una zona franca, informó DPA.
En medio de un clima de tensión, unidades guarda fronteras equipadas con armamento pesado tomaron posiciones en la vía Transístmica. El traslado de fuerzas en arreos de combate coincidió con la movilización por carreteras de miles de peregrinos para asistir a la fiesta del Cristo Negro de Portobelo, en Colón.
El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso) convocó para el lunes marchas en la capital panameña y en las ciudades de David, en la provincia de Chiriquí, y Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, limítrofe con Costa Rica.
Las protestas adquirieron intensidad el viernes, cuando un niño de nueve años de edad murió en los choques entre policías y manifestantes que se oponen a la privatización de la zona franca, cuyas áreas son arrendadas a unas 3,000 empresas.
Jóvenes enardecidos destruyeron símbolos de autoridad y una estación de gasolina de propiedad del gerente de la zona franca, Leopoldo Benedetti. Los incidentes pusieron a prueba el plan de privatización esgrimido por el presidente Ricardo Martinelli.
Colón es la segunda ciudad en importancia económica del país, pero sus habitantes rechazan que el principal recurso, la zona franca conocida como Zona Libre de Colón (ZLC), termine en poder de las multinacionales. En 2011, el eje comercial importó y reexportó mercancías por 29,000 millones de dólares.
En paredes y murallas aparecieron de esta localidad aparecieron grafitis con el lema "Colón no se vende", una consigna de obreros, transportistas y educadores. Pero las críticas contra la legislación aprobada provienen, además, de comerciantes y usuarios de la ZLC.
Martinelli afirmó que hay "incitadores" que financian al "noble pueblo de Colón" para que proteste y sostuvo que su gobierno ha hecho en la ciudad más que las tres administraciones anteriores.
La Ley 72, sancionada por el mandatario, permite destinar un 30% de los recursos provenientes de la venta de tierras a un fideicomiso para obras públicas y el 70% al Tesoro Nacional. Sin embargo, la promulgación provocó el rechazo entre empresarios y políticos de oposición.