El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, sostuvo que se está evaluando un perfil para contratar a un abogado en Estados Unidos que represente al Perú frente al gobierno norteamericano en el proceso de extradición que se le sigue al prófugo ex presidente Alejandro Toledo.
“Existe un proceso de extradición admitido, impulsado por el Poder Judicial. Quienes van a ser competentes son las autoridades del Estado de California, es decir, está siguiendo su ciclo regular […]. Buscamos acreditar a un abogado ante Estados Unidos y que se haga el seguimiento, como en otros casos. Estamos definiendo todos los perfiles propios de una contratación para contar con un abogado que se haga representante de nuestros intereses ante el gobierno norteamericano, con la finalidad de acelerar el proceso”, manifestó en entrevista con el diario Correo.
El ex presidente Alejandro Toledo tiene una orden de prisión preventiva por 18 meses en su contra, como parte de las investigaciones por el presunto pago de un soborno de US$20 millones de parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de las licitaciones de los tramos II y III de la carretera Interoceánica.
Según precisó Vicente Zeballos también están interesados en concluir este año con la extradición del ex juez supremo César Hinostroza, quien permanece preso en España y contra quien recaen 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y pertenencia a una organización criminal.
Por otro lado, el ministro manifestó que siente preocupación por los plazos en el debate sobre el proyecto de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Congreso.
“Me preocupan algunos plazos perentorios. No tenemos quién nombre, ratifique y/o sancione. Llega abril y no hay Ley Orgánica de la JNJ, y de alguna manera esta circunstancia va a ahondar la crisis”, señaló.
Zeballos consideró que “si los tiempos son apremiantes”, se debería de exonerar de dictamen en la Comisión de Constitución al proyecto que envió el Ejecutivo, a fin de que se pueda debatir en el pleno el texto de la Comisión de Justicia que está listo.
“El reglamento lo permite, pero si hubiera una actitud de prorrogar el debate, definitivamente podría el presidente del Congreso liberar el dictamen de la Comisión de Constitución y poner en agenda del pleno solamente el dictamen de Justicia", agregó el ministro de Justicia.