Yehude Simon es investigado por los supuestos delitos de colusión y lavado de activos (Foto: GEC)
Yehude Simon es investigado por los supuestos delitos de colusión y lavado de activos (Foto: GEC)

La jueza titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, María de los Ángeles Álvarez Camacho, decidió suspender para este sábado 7 de marzo a las 9:00 a.m. la audiencia en la que evaluará el requerimiento de por 36 meses en contra del exgobernador regional de Lambayeque, y Pablo Salazar, exgerente del .

La magistrada, además, aceptó el pedido de Simon Munara para que pueda hace uso de la palabra durante la siguiente audiencia por un lapso de 10 minutos.

Por su parte, el fiscal del equipo especial Lava Jato, , anunció que por motivos de agenda tal vez tendría que ausentarse, por lo que encargaría la posición del Ministerio Público a sus adjuntos.

Durante la audiencia, el fiscal señaló que, en las declaraciones dadas por Pablo Salazar Torres el 26 de febrero del 2020, el exdirectivo del proyecto Olmos reconoció haber recibido, en varias entregas, entre US$90 mil y US$100 mil de parte de Jorge Barata para que puedan ser utilizados en la campaña de reelección de Yehude Simon en el 2006.

“Quiero precisar que Yehude Simon tenía conocimiento de mis viajes a Lima y del dinero que me entregaba Jorge Barata. Me decía ‘ya, ok, está bien’ cuando volvía a Chiclayo y antes de encontrarme con Yehude Simon, yo cambiaba el dinero a soles y, siguiendo sus instrucciones, me decía ‘tenlo tú y hay que pagar a periodistas de televisión, canales y otros, según sea el caso’”, leyó el fiscal Pérez como parte de la confesión de Pablo Enrique Salazar.

El abogado de Simon, Ander Galván, indicó que la fiscalía no confía en el testimonio dado por Pablo Enrique Salazar, según el cual recibió dinero de la empresa Odebrecht para la campaña de reelección de Simon al Gobierno Regional de Lambayeque en el 2006, debido a que no lo ha incluido como colaborador o aspirante a colaborador eficaz.

“Si no lo ha puesto como colaborador [a Salazar] es porque la fiscalía no le cree. El Ministerio Público no le ha dado ningún beneficio a Pablo Salazar pese a su confesión. La fiscalía lo trata como un mero intermediario, como si fuera un empleado de Simon, pero se trata del jefe del PEOT (Proyecto Especial Olmos Tinajones), se trata de un coimputado sobre el que pesa un pedido igual al de mi patrocinado”, dijo Galván.