Estoy sorprendido por la decisión del fiscal Germán Juárez. Tenemos una serie de diligencias pendientes que han sido aceptadas por el propio fiscal y aún no se han concretado. Por ejemplo, falta realizar diversos testimoniales a ejecutivos de Brasil que manejaban la ‘Caja 2’ (departamento de sobornos). Era razonable para saber sobre el funcionamiento de esta dependencia. Además, el plazo de culminación de la investigación vence en junio.
También están pendientes un par de apelaciones. Sabemos que el Partido Nacionalista Peruano ha presentado un conjunto de pruebas que acaba de ser incorporado en la investigación y, por ello, se necesita un tiempo mínimo razonable para ejercer la defensa.
No nos quedaremos con los brazos cruzados. Evaluaremos qué medidas podemos tomar. Le corresponde al fiscal decidir cuándo se cierra o no la investigación. Sin embargo, la ley también señala que los abogados tenemos el derecho de ofrecer pruebas. Lo lógico sería que se terminen de presentar las pruebas que correspondan.
Lo que está haciendo Juárez es una afectación al derecho de defensa. Hay una presión política y de su institución para acusar lo más pronto posible. En cuanto a su hipótesis sobre que la empresa Odebrecht y el Gobierno de Venezuela financiaron las campañas electorales de mi patrocinado, me gustaría saber qué pruebas y sustento presentará al respecto.