Ante los rumores de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, podría cambiar a los miembros del equipo especial para el caso Lava Jato, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo que la posición de la institución que representa es que se debe respetar la inamovilidad de jueces y fiscales,
Gutiérrez señaló que, a nivel constitucional, se establece que tiene que haber "razones objetivas" para que se proceda a retirar a un fiscal de su cargo o de una investigación.
"La Constitución, en el artículo 146º, establece el principio de inamovilidad de los jueces y em el artículo 158º dice que los fiscales tienen las mismas prerrogativas, deberes, derechos e incompatibilidades de los jueces, por lo que también están protegidos por el principio de inamovilidad", dijo en una entrevista a RPP.
Walter Gutiérrez recordó que esta no solo es la posición de la Defensoría del Pueblo, sino tambié del Tribunal Constitucional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En ese sentido, estableció la necesidad de que el debate del proyecto de la ley orgánica de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) permita que se establezca la arbitrariedad en decisiones de autoridades como el fiscal de la Nación, como un motivo para iniciar un proceso.
"Este es uno de los temas que tiene que debatirse, porque en el Perú la provisionalidad alcanza el 40% en el caso de los jueces y eso los hace vulnerables. En el caso de fiscales, llega a más del 30%. Es un tema de fondo que tiene que ser regulado", comentó.
El Defensor del Pueblo también expresó la necesidad de que se establezca con claridad cómo funcionará la nueva JNJ frente a otros organismos de control como la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
"Hay que determinar si la JNJ monopoliza el control y no va a haber control interno, o si vamos por un modelo mixto donde la JNJ, por iniciativa propia, puede controlar determinado distrito judicial y puede haber otro control interno", indicó.