Walter Gutiérrez. Defensor del Pueblo. (Manuel Melgar)
Walter Gutiérrez. Defensor del Pueblo. (Manuel Melgar)

Este lunes 11 se instalará la Comisión Especial que elegirá a los miembros de la (JNJ) bajo la conducción del defensor del Pueblo, . En entrevista con Perú21.TV, el jurista nos dio algunos alcances de la tarea que cumplirá el grupo en las próximas semanas.

Instalada la comisión que elegirá a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, hay cuatro meses para que entre en funcionamiento. ¿Van a alcanzar ese objetivo?
Tenemos hasta el 11 para instalarnos y a partir de ahí treinta días para dar nuestro reglamento interno que está bien avanzado, elaborar las bases del concurso y, en tercer lugar, elegir al secretario técnico y su equipo que es la parte operativa de la Comisión Especial.

Usted ha manifestado que la Ley Orgánica de la Junta se enfoca en el proceso de selección de jueces, pero no en supervisar su funcionamiento. ¿Estamos a tiempo de corregir esa falencia?
Estamos a tiempo. Esta es una ley muy importante, quizás una de las más importantes para la reforma de justicia, pero no es la única, hay que dar otras normas. Cuando menos debería debatirse y resolverse cuál va a ser el rol de la JNJ, no podemos reducirla a que sea simplemente una institución seleccionadora de jueces, sería una visión minimalista. Lo que a la ciudadanía le interesa es cómo administran justicia los jueces.

¿Qué factores garantizan que la JNJ será mejor que el desactivado CNM?
Haremos el esfuerzo de que lleguen los mejores, los más probos e idóneos. Lo segundo es el control que como sociedad y Estado tengamos sobre la JNJ, que tiene que tener claro su libreto: qué le vamos a pedir que exija a los jueces, y una de ellas es que se respeten los estándares en materia de administración de justicia. Hay 3 mil jueces y cerca de 6 mil fiscales; no puede haber 9 mil interpretaciones de las leyes.

En muchos países, ser juez o fiscal es el máximo honor al que un abogado podría aspirar. ¿Qué tenemos que hacer para que se animen a entrar a la cancha?
Primero, dignificar la labor de un juez. Hay que empezar a trabajar desde las facultades de Derecho. No creo que sea intervencionismo establecer ciertos estándares en las facultades de Derecho, cómo se tiene que enseñar y, además, cómo se debe acceder a la profesión de abogado. (...) La profesión de médico está muy regulada y cada cierto tiempo tienen que reacreditarse, (...) una vez me dijeron que era porque actúa sobre la vida y el cuerpo humano. Un abogado actúa sobre el organismo social, puede afectar no a una sino a miles de personas; mayor razón entonces para regular el ejercicio de la profesión de abogado.

Nuestro sistema de leyes va variando. Sería deseable que haya procedimientos de evaluación constante para ver si los jueces y fiscales siguen al día.
El Código Penal tiene 600 artículos y se ha modificado 700 veces, (...) ahí hay una tarea del Congreso y también tarea para evaluar qué tanto conoce el juez la ley y cómo la aplica.

Una vez en funcionamiento la JNJ se enfrenta a una carga de seis mil casos.
Tiene una tarea realmente gigantesca porque en 180 días debe revisar designaciones, nombramientos y ratificaciones que pudieran tener algún viso de corrupción. (...) Tal vez ahí tengan que repensarse las evaluaciones cada tres años y medio, (...) si usted ya sabe cuáles son los estándares, para qué evaluar cada tres años, a eso me refería al decir que hay que mejorar la ley.

¿Lo vería el Congreso?
El Congreso ha demostrado que cuando tiene decisión política puede hacer las cosas rápido. Creo que mientras nosotros vamos eligiendo, ellos, en treinta días, pueden aprobar todos estos cambios.

TENGA EN CUENTA

- El Defensor del Pueblo se pronunció también sobre la denuncia contra Yonhy Lescano por presunto acoso sexual a una periodista.

- Lamentó que se dé este tipo de casos en una institución como el Congreso que, dijo, “debería ser más bien una instancia de pedagogía”.

- “Se demanda que la víctima revele quién es cuando se sabe que tiene derecho a mantener la reserva de su identidad. En este caso, ser funcionario público es un agravante”, precisó.