El gobernador de Puno, Walter Aduviri, fue finalmente capturado tras estar 12 días prófugo de la justicia, que lo condenó a seis años de cárcel por el delito de disturbios, perpetrado al encabezar las protestas del ‘aimarazo’ en 2011.
En un operativo conjunto de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP y la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior, Aduviri fue arrestado a las 5:15 p.m. en un hotel del distrito limeño de La Victoria cuando subía a un taxi.
CABECILLA DEL CAOS
En las protestas del ‘aimarazo’ de 2011, las huestes de Aduviri sitiaron Puno y ejecutaron una serie de actos de vandalismo como el incendio de las sedes del Gobierno Regional, Aduanas y la Contraloría.
En el proceso, la Fiscalía logró probar que el día central de las manifestaciones (26 de mayo de 2011), Aduviri se comunicó por teléfono con 147 personas, todas partícipes de los incidentes de violencia.
De acuerdo al fiscal Juan Monzón, el entonces dirigente se comunicó con estas personas por alrededor de 1,000 minutos para coordinar instrucciones para ejecutar los disturbios y los actos de vandalismo contra la propiedad pública.
“Ha sido importante evidenciar la organización que había en este hecho. Aduviri tuvo una comunicación antes, durante y después de los destrozos. Testimonios y videos también lo comprometen”, expresó Monzón a este diario.
La sentencia que condenó a prisión a Aduviri es un precedente importante puesto que establece que el derecho a la protesta es constitucional, pero no los excesos que se pretenden justificar en su nombre. “Los disturbios no solo significan perjuicios para las instituciones, sino también para los ciudadanos. Si una conducta deriva en delito, debe ser sancionada”, subrayó el fiscal Monzón a Perú21.
En menos de cinco días, Aduviri es el segundo gobernador regional en ser arrestado. Su homólogo de Junín, Vladimir Cerrón, fue detenido el 21 de agosto. También se encontraba prófugo de la justicia.
SABÍA QUE:
* La sentencia del Juzgado de Puno dispuso que Aduviri pague S/2 millones de reparación civil en favor del Estado.